Vender o alquilar videojuegos con temas considerados para adultos a menores de edad podría conllevar penas de prisión en el estado de Nueva York. Ayer se aprobó la ley A08696 en el parlamento estatal por 130 votos a favor y 10 en contra con una rapidez inusitada, según denuncia la EMA, la Asociación de Comerciantes de Entretenimiento. La ley la propuso el demócrata Joseph Lentol y la apoyaron en la presentación Sheldon Silver y Audrey Pheffer. Tanto la ley aprobada como otra similar presentada la semana pasada por el senador Andrew Lanza exigen la constitución de un consejo asesor para que revise las calificaciones de la ESRB, el organismo encargado de recomendar los videojuegos por edades en EEUU.

La ley eleva la venta o el alquiler de juegos con "violencia depravada o imágenes indecentes" a un crimen de clase E en el estado de Nueva York, que puede conllevar penas de cárcel. Aunque no sirva de mucho consuelo, la ley define qué se interpretará como "depravado", a diferencia de otras leyes estatales aprobadas o propuestas anteriormente en otros estados. Un acto depravado es aquel donde se represente "violaciones, desmembramientos, torturas físicas, mutilaciones o extirpaciones de ojos de un ser humano".

La ley A08696 también exige que a partir del 1 de septiembre de 2009, todas las consolas incorporen de serie un sistema de control para los padres, aunque las tres consolas de nueva generación ya incluyen este sistema.

El presidente de la EMA, Bo Andersen, ha calificado la ley de "inconstitucional" y "mal planteada": "La propuesta de encarcelar a los vendedores hasta cuatro años por vender ciertos videojuegos a menores de 17 años se basa aparentemente en una malinterpretación de lo que están haciendo en realidad los vendedores. El requisito de incluir controles para los padres en las consolas ignora el hecho que las consolas de nueva generación ya los incluyen. Para terminar, nueve propuestas similares aprobadas en la nación en los últimos años se han rechazado en los tribunales federales por violar la primera enmienda."

Ahora la pelota está en el tejado del gobernador del estado, Eliot Spitzer, que debe firmar la ley para que entre en vigor 120 días después, aunque todo apunta a que el gobernador la apoya.